Samuel García dice que “cuando no se roba, el dinero alcanza”: los expedientes que ponen a prueba su discurso
Por Karl Vön | Monterrey News
Samuel García volvió a recurrir este miércoles a uno de los ejes que ha marcado su discurso político desde que llegó al Gobierno de Nuevo León: presentarse como la ruptura con “la vieja política”. Esta vez fue más lejos.
“La vieja política dice que somos corruptos. Pero a diferencia de ellos que gobernaron durante décadas, ya demostramos que cuando no se roba, el dinero sí alcanza para construir un nuevo Nuevo León. ¡Lo nuevo sí cumple!”, publicó el gobernador en X.
La frase es contundente. También abre una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando ese discurso se contrasta con los expedientes, contratos, investigaciones legislativas y operaciones patrimoniales que han sido documentadas durante su administración?
No basta con decir “no robamos”
Que existan señalamientos o investigaciones no significa, por sí mismo, que Samuel García sea culpable de un delito. Esa precisión es indispensable. Pero tampoco desaparecen los hechos documentados porque el gobernador los atribuya a sus adversarios.
En marzo de 2024, una investigación periodística documentó una ruta de pagos relacionada con Suministros MYR, empresa que facturó al Gobierno de Nuevo León 964.7 millones de pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023. De acuerdo con la documentación publicada, MYR facturó 237.2 millones a Proveedor de Productos Mexicanos JACE y esta última pagó 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho creado por Samuel García y su padre. Los pagos al despacho comenzaron días después del inicio de la administración estatal. La ruta de operaciones fue publicada con cifras y fechas.
García rechazó entonces que existiera una triangulación ilegal. Reconoció los pagos de JACE al despacho, pero sostuvo que esa empresa era cliente desde 2017 y calificó el reportaje como un “montaje” con motivaciones electorales. Esa es su defensa y debe consignarse. Su respuesta pública quedó registrada.
El Congreso ya abrió diligencias
El asunto no quedó únicamente en una confrontación entre el gobernador y la prensa. En junio de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León abrió la etapa de investigación y diligencias dentro del procedimiento de juicio político contra García.
La comisión solicitó información a 69 dependencias estatales y federales y requirió contratos relacionados con 12 empresas presuntamente vinculadas con el mandatario. El procedimiento incluye señalamientos por presunta triangulación de recursos, peculado y corrupción. La apertura de las diligencias fue reportada el 27 de junio.
Conviene insistir: un juicio político en investigación no equivale a una sentencia penal ni prueba culpabilidad. Pero sí contradice la idea de que todos los cuestionamientos pueden despacharse simplemente como dichos de “la vieja política”. Hay un procedimiento institucional abierto y solicitudes formales de información.
La propiedad de 17.6 hectáreas en Mesa de la Corona
Otro episodio que generó preguntas fue la operación inmobiliaria relacionada con SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa de Samuel García y su padre.
En 2024 se documentó la adquisición de un predio de 17.6 hectáreas en Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García. El valor catastral fue situado en al menos 300 millones de pesos y especialistas consultados por medios estimaron un valor comercial superior a 700 millones de pesos. La empresa pagó nueve millones de pesos de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles en abril de 2023. El Norte documentó la operación; una síntesis oficial del Senado también recogió los datos publicados sobre el inmueble.
El punto periodístico no es declarar ilícita una propiedad por su precio. Es preguntar cómo encaja el crecimiento patrimonial y empresarial del entorno del mandatario con un discurso político que coloca la honestidad como argumento central de superioridad frente a gobiernos anteriores.
La frase de hoy cambia el estándar
Samuel García pudo haber defendido sus obras, presentado indicadores de inversión o comparado resultados presupuestales. Eligió otra cosa: afirmó que “cuando no se roba, el dinero sí alcanza”.
Al hacerlo, él mismo llevó la conversación al terreno de la corrupción.
Y en ese terreno las respuestas no pueden reducirse a un video bien producido, un eslogan o una acusación genérica contra PRI y PAN. Si el gobernador sostiene que su administración representa una forma distinta de ejercer el poder, el estándar también debe ser distinto: explicar contratos, relaciones empresariales, pagos y patrimonio con documentos.
Cuatro preguntas que siguen sobre la mesa
- ¿Qué servicios se prestaron? ¿Cuál fue exactamente la naturaleza de los servicios por los que JACE pagó 202.9 millones de pesos al despacho vinculado a Samuel García y su padre?
- ¿Cómo fue la ruta del dinero? ¿Cómo explica el gobernador, documentalmente y de principio a fin, la relación entre las empresas señaladas en la ruta de pagos y los contratos otorgados por su administración?
- ¿Qué determinará el Congreso? ¿Qué concluirán las diligencias después de revisar la información solicitada a 69 dependencias y 12 empresas?
- ¿Cómo se explican las operaciones patrimoniales? ¿Cómo se explican ante los ciudadanos las operaciones conocidas durante el periodo en que García ha ocupado la gubernatura?
Responderlas no debería incomodar a un gobierno que asegura haber hecho de la transparencia una diferencia frente al pasado.
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“Lo nuevo sí cumple”… ¿también explicando?
Nuevo León tiene derecho a reconocer las obras que funcionan y también a cuestionar al poder. Una cosa no cancela la otra.
El gobernador tiene derecho a defenderse, a presentar documentos y a señalar errores en cualquier investigación periodística. Sus adversarios, por su parte, deben demostrar cada acusación que formulen. Pero los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a exigir explicaciones cuando aparecen cifras de cientos de millones de pesos y procedimientos institucionales abiertos.
Por eso, después de la publicación de Samuel García, la discusión ya no debería ser si las preguntas vienen de “la vieja política”.
La pregunta es mucho más sencilla:
Gobernador: si “cuando no se roba, el dinero sí alcanza”, ¿puede explicar públicamente, con documentos y sin descalificaciones, cada uno de estos señalamientos?
Porque la transparencia no consiste en pedir confianza.
Consiste en demostrarla.
Nota editorial: esta publicación distingue entre hechos documentados, investigaciones en curso y señalamientos políticos. La existencia de investigaciones o procedimientos legislativos no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal. Monterrey News consigna también la defensa pública del gobernador respecto de los señalamientos citados.
