El rastro de “Los Petrofactureros” llega a despacho de la familia de Samuel García
Una empresa vinculada a un empresario investigado por la FGR pagó más de 15 millones de pesos a un despacho del padre y medio hermano del gobernador de Nuevo León. Monterrey News reconstruye la ruta del dinero y separa lo documentado de lo que todavía está bajo investigación.
Por Karl Vön | Monterrey News
Monterrey, Nuevo León | 28 de septiembre de 2026
Una investigación federal relacionada con presunto contrabando de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita abrió una ruta financiera que conduce hasta una empresa que mantuvo una relación comercial con un despacho perteneciente a familiares directos del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
En el centro del caso aparece Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario detenido durante operativos federales en Nuevo León y señalado por autoridades como presunto integrante de una estructura conocida como “Los Petrofactureros”.
Puente aparece relacionado societariamente con Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V., compañía que realizó pagos por más de 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal.
¿Quiénes aparecen vinculados con ese despacho?
El padre y el medio hermano del gobernador Samuel García.
La relación comercial y las facturas han sido reportadas documentalmente. Eso, sin embargo, no demuestra que Samuel García ni sus familiares hayan participado en los presuntos delitos investigados por la FGR.
Esa diferencia es fundamental.
¿Quién es Jesús Ricardo Puente Díaz?
Puente Díaz fue detenido durante operativos realizados por autoridades federales en distintos municipios de Nuevo León.
N+ reportó que las acciones se realizaron en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, dentro de investigaciones relacionadas con presunto contrabando de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reporte de N+ sobre la detención
Las autoridades identificaron al empresario como presunto integrante de la estructura denominada “Los Petrofactureros”.
La investigación federal comprende una red de decenas de empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para operaciones relacionadas con los sectores energético, logístico y de transporte.
Durante los operativos fueron reportados aseguramientos de tractocamiones, vehículos de carga, contenedores, maquinaria y documentación empresarial.
Maquiladora de Lubricantes: operaciones por miles de millones
Puente Díaz aparece como accionista y administrador único de Maquiladora de Lubricantes en documentación societaria citada por diversos medios.
Los números de la compañía llaman particularmente la atención.
De acuerdo con información financiera publicada a partir de la investigación, entre 2021 y 2025 la compañía habría facturado aproximadamente:
$7,095 millones de pesos.
Mientras que sus gastos durante ese periodo habrían alcanzado aproximadamente:
$9,164 millones de pesos.
Tan sólo durante 2021 se reportaron ingresos cercanos a $4,618 millones.
En 2022 habrían sido aproximadamente $1,344 millones.
La empresa llevaba décadas operando y existe documentación oficial de SEMARNAT en la que aparece Maquiladora de Lubricantes y Jesús Ricardo Puente Díaz como su representante legal en procedimientos ambientales.
Ocho facturas y más de $15 millones
Aquí aparece la conexión que coloca el caso en el escenario político de Nuevo León.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y facturas revisadas originalmente por EL NORTE/Reforma, Maquiladora de Lubricantes fue cliente de GMA Firma Jurídica Fiscal.
Según esos registros, el despacho está relacionado societariamente con Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del gobernador Samuel García.
Entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, GMA habría expedido ocho facturas a Maquiladora de Lubricantes.
El concepto registrado fue:
“Honorarios por servicios profesionales”.
El monto acumulado:
$15,059,957 pesos
Más de 15 millones de pesos en aproximadamente cuatro meses.
La cobertura periodística del caso señala además que las facturas fueron verificadas ante el SAT y aparecían vigentes.
¿Qué servicios justificaron esos $15 millones?
Ésta es una de las preguntas periodísticas centrales del caso.
Una factura demuestra que existió una operación registrada, pero no explica por sí sola qué trabajo concreto fue realizado para justificar el pago.
Conocer los contratos, entregables, asesorías, procedimientos jurídicos o fiscales y demás documentación relacionada permitiría entender el origen de los honorarios.
Y también existe una pregunta todavía más importante:
¿La FGR está siguiendo únicamente los ingresos de Maquiladora de Lubricantes o también el destino del dinero que salió de la compañía?
Hasta ahora no encontramos información pública suficiente que permita responderlo.
El despacho tenía más clientes del sector energético
Existe otro elemento que aporta contexto.
Maquiladora de Lubricantes no habría sido el único cliente relacionado con el sector energético atendido por GMA.
Reportes basados en la documentación financiera señalan facturación del despacho por aproximadamente 353.3 millones de pesos a Enerey Latinoamérica, 279.9 millones a Petrolíferos Lobo y 42.3 millones a Energéticos Dos Águilas.
Esto importa porque ofrece una explicación alternativa que también debe considerarse: el sector energético formaba parte relevante de la cartera profesional del despacho.
Por ello, la existencia de una relación comercial con Maquiladora de Lubricantes no demuestra por sí misma conocimiento o participación en posibles actividades ilícitas de un cliente.
¿Qué ha dicho Samuel García?
Cuando la relación entre Maquiladora de Lubricantes y el despacho familiar fue publicada meses atrás, Samuel García defendió públicamente la actividad profesional de su padre.
El gobernador sostuvo que su padre lleva décadas ejerciendo como abogado, que su firma trabaja con numerosos clientes del sector energético y que presta sus servicios profesionalmente.
También señaló, en esencia, que corresponde a los clientes conducirse legalmente.
Ese argumento plantea una distinción jurídicamente importante:
Un abogado o despacho no se convierte automáticamente en responsable de los posibles delitos cometidos por uno de sus clientes.
Para establecer responsabilidad sería necesario demostrar elementos adicionales, como conocimiento, participación o colaboración en operaciones ilícitas.
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar eso respecto de Samuel García o sus familiares en este caso.
Lo documentado y lo que todavía falta demostrar
Después de revisar los datos disponibles, Monterrey News puede separar el caso en dos partes.
Está documentado o públicamente reportado: la detención de Jesús Ricardo Puente Díaz; su vinculación societaria con Maquiladora de Lubricantes; la investigación federal alrededor de la estructura denominada “Los Petrofactureros”; la relación comercial de Maquiladora de Lubricantes con GMA; y ocho facturas que suman aproximadamente $15.06 millones.
No está demostrado públicamente: que esos $15 millones procedieran de actividades ilícitas; que el despacho conociera un eventual origen ilícito del dinero; que Samuel García participara en esas operaciones; o que su padre o medio hermano hayan cometido algún delito relacionado con este caso.
Confundir ambas categorías convertiría una investigación periodística en una acusación sin sustento.
Y no es lo que hacemos aquí.
Las preguntas que ahora debe responder la investigación
El expediente deja cuestiones importantes abiertas.
¿Qué servicios profesionales específicos recibió Maquiladora de Lubricantes a cambio de más de 15 millones de pesos?
¿Existen contratos y documentación que acrediten esos trabajos?
¿La investigación de la FGR está revisando también pagos realizados por las compañías investigadas a abogados, asesores y proveedores?
¿Las autoridades financieras analizaron estas ocho operaciones?
¿La relación entre Maquiladora de Lubricantes y GMA fue simplemente una relación legítima entre cliente y despacho?
Las respuestas deberán provenir de documentos y autoridades, no de especulaciones.
Pero hay algo que ya puede afirmarse:
el rastro financiero existe y merece ser explicado.
Una investigación relacionada con presunto huachicol y lavado de dinero, compañías que movieron miles de millones de pesos y pagos millonarios a despachos profesionales exige precisamente eso:
seguir documentos, contratos, sociedades y facturas.
Monterrey News seguirá el dinero.
— Karl Vön
Investigación | Monterrey News
FUENTES CONSULTADAS
EL NORTE/Reforma; información de la Fiscalía General de la República y del Gabinete de Seguridad reproducida por medios nacionales; N+; documentación del Registro Público de Comercio citada en investigaciones periodísticas; registros públicos de SEMARNAT; información del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y cobertura periodística nacional sobre “Los Petrofactureros”.
