¿Por qué el gobierno pide pruebas para Rocha Moya, pero no las exigió para destruir instituciones?
La acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya abrió una pregunta incómoda para el gobierno mexicano: ¿la exigencia de pruebas aplica para todos o solo para los cercanos al poder?
- Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
- Claudia Sheinbaum pidió pruebas “contundentes e irrefutables” antes de proceder contra el gobernador sinaloense.
- El contraste es inevitable: durante años se cancelaron programas, fideicomisos, obras e instituciones bajo el argumento de corrupción, muchas veces sin mostrar públicamente pruebas judiciales concluyentes.
La justicia no puede depender del color político del acusado. Si se exigen pruebas para unos, deben exigirse para todos.
El caso Rocha Moya puso al gobierno frente al espejo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Según el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación es grave. No se trata de un comentario de redes sociales, ni de una columna de opinión, ni de un rumor de café. Es una imputación formal presentada por autoridades estadounidenses.
Eso no significa que Rocha Moya sea culpable. En cualquier Estado de derecho debe respetarse la presunción de inocencia. Pero tampoco se puede minimizar el peso político, diplomático y judicial de una acusación de ese tamaño.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió pidiendo pruebas “contundentes e irrefutables” conforme a la legislación mexicana, y señaló que la Fiscalía General de la República debe revisar la documentación enviada por Estados Unidos antes de proceder.
Hasta ahí, el principio es correcto.
Nadie debe ser condenado sin pruebas.
El problema es que ese mismo estándar no siempre pareció aplicarse cuando el gobierno decidió cancelar proyectos, cerrar programas o desaparecer instituciones completas.
Cuando bastaba decir “corrupción”
Durante los últimos años, el discurso oficial utilizó una palabra como martillo: corrupción.
Con esa palabra se justificó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pese a que el proyecto ya tenía un avance importante. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el NAICM llevaba 53% de avance al momento de su cancelación, decidida tras una consulta ciudadana cuestionada por su representatividad.
La pregunta no es si el NAICM era perfecto. Ninguna obra pública de esa magnitud está libre de dudas, sobrecostos o contratos que deben revisarse.
La pregunta es otra:
¿Dónde quedaron las sentencias firmes contra los grandes responsables de esa supuesta corrupción?
Porque una cosa es investigar, auditar y sancionar.
Otra muy distinta es destruir una obra de infraestructura nacional, enterrar miles de millones de pesos y después dejar la explicación en el aire.
Rosario Robles: cárcel primero, absolución después
El caso de Rosario Robles también forma parte de esta discusión. Fue encarcelada durante años por el caso conocido como la Estafa Maestra, bajo señalamientos de omisión ante presuntos desvíos millonarios.
Sin embargo, en 2023 un tribunal confirmó el sobreseimiento total de su causa penal. El juez determinó que los hechos imputados no constituían delito penal y que, en todo caso, debían analizarse por la vía administrativa.
Esto no borra las dudas sobre la Estafa Maestra ni significa que no hubiera corrupción en el sistema público mexicano. Pero sí deja una lección durísima: cuando el poder acusa sin construir pruebas sólidas, puede destruir reputaciones, carreras y vidas enteras.
¿Entonces por qué para unos se exige un expediente impecable y para otros bastó el espectáculo político?
Estancias infantiles, escuelas y el costo social de decidir sin probar
El argumento de corrupción también se usó para modificar el esquema de estancias infantiles. En 2019, el gobierno anunció que ya no entregaría apoyos directamente a las estancias debido a presuntas irregularidades, y que el dinero pasaría directamente a madres, padres o tutores.
El discurso fue sencillo: había intermediarios, había “moche”, había abusos.
Pero la consecuencia social fue profunda. Se debilitó una red de cuidado infantil que ayudaba especialmente a madres trabajadoras, padres solos y familias sin seguridad social.
Algo similar ocurrió con las Escuelas de Tiempo Completo. En 2022 se reportó que la SEP eliminó ese esquema de las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra, lo que afectaría a alrededor de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes que recibían más horas de aprendizaje y, en muchos casos, alimentación.
La pregunta vuelve a aparecer:
¿Se corrigieron irregularidades puntuales o se destruyeron políticas públicas completas?
Porque si hay corrupción en una estancia, se castiga esa estancia.
Si hay abuso en una escuela, se sanciona a los responsables.
Pero cancelar programas enteros sin mostrar una ruta clara de sustitución también tiene víctimas. Y esas víctimas suelen ser los ciudadanos que menos poder tienen.
Fonden y órganos autónomos: menos contrapesos, más poder concentrado
La desaparición del Fonden también fue presentada como parte de una limpieza contra la corrupción y los fideicomisos opacos. Sin embargo, con su extinción como fideicomiso, los recursos para desastres naturales pasaron a depender de asignaciones presupuestales anuales, lo que redujo la capacidad de respuesta estructurada ante emergencias, según el IMCO.
México es un país de huracanes, inundaciones, sequías, sismos y tragedias naturales. Un fondo de emergencia no es un lujo burocrático. Es un salvavidas.
Y luego vinieron los órganos autónomos.
En diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, mediante la cual se extinguieron siete órganos autónomos: INAI, Coneval, Cofece, IFT, Mejoredu, CRE y CNH. Sus funciones pasaron a dependencias del Ejecutivo federal o a otras instituciones.
El gobierno defendió la medida como austeridad y eficiencia.
Pero el efecto político es evidente: menos contrapesos independientes y más poder concentrado.
La pregunta incómoda: ¿garantismo para los cercanos y dureza para los demás?
Aquí está el verdadero punto.
No se trata de pedir que Rocha Moya sea condenado sin juicio.
No se trata de aplaudir automáticamente todo lo que diga Estados Unidos.
No se trata de olvidar la soberanía nacional.
Se trata de exigir coherencia.
Si el gobierno mexicano pide pruebas contundentes antes de proceder contra un gobernador acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, entonces ese mismo gobierno debió pedir pruebas contundentes antes de cancelar obras, cerrar programas, desaparecer fideicomisos, eliminar órganos autónomos y perseguir adversarios.
Porque la vara de la justicia no puede cambiar según el apellido, el partido o la cercanía al poder.
¿De qué sirve pedir debido proceso cuando el acusado es de casa, si antes se usó la sospecha como sentencia contra todo lo que olía a pasado?
México necesita pruebas, pero también memoria
La presunción de inocencia debe respetarse siempre.
Pero la memoria pública también.
Durante años se dijo que todo lo anterior era corrupción. Que todo debía demolerse. Que todo debía concentrarse. Que todo debía pasar por la voluntad del nuevo poder.
Hoy, cuando una acusación golpea a un gobernador surgido de Morena y a funcionarios de Sinaloa, el discurso cambia: prudencia, soberanía, pruebas, expediente, procedimiento.
Muy bien.
Así debe ser.
Pero que sea para todos.
Porque si la exigencia de pruebas solo aparece cuando el acusado pertenece al grupo en el poder, entonces no estamos ante justicia.
Estamos ante protección política.
Y cuando la justicia se vuelve selectiva, el país deja de tener instituciones y empieza a tener permisos.
Conclusión
El caso Rocha Moya no debe resolverse en redes sociales ni en conferencias mañaneras. Debe resolverse con investigación seria, cooperación internacional, expedientes sólidos y tribunales competentes.
Pero tampoco debe servir para que el gobierno se esconda detrás del discurso de la soberanía mientras evita explicar por qué fue tan rápido para destruir instituciones y tan lento para investigar a los suyos.
México no necesita linchamientos.
Tampoco necesita impunidad.
Necesita una regla sencilla y antigua, de esas que sostienen a las repúblicas cuando todavía creen en sí mismas:
La ley debe pesar igual para todos.
