Ernestina Godoy y el caso Rocha-Inzunza: ¿de qué lado está la ley?
OPINIÓN CON CONTEXTO | Karl Vön — Monterrey News. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, afronta una pregunta delicada: ¿puede investigar con independencia señalamientos que alcanzan a políticos del partido gobernante? El caso de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez ofrece una prueba concreta para discutir esa exigencia, sin presumir culpabilidades ni convertir cautelas procesales en una supuesta absolución.
La acusación presentada en Estados Unidos
El Departamento de Justicia estadounidense divulgó el 29 de abril de 2026 una acusación federal contra diez personas vinculadas a cargos del gobierno de Sinaloa, entre ellas Rocha Moya e Inzunza. Los documentos describen presuntas conductas vinculadas al narcotráfico; los hechos alegados requieren prueba en sede judicial.
Lo que sostuvo inicialmente la FGR
La Fiscalía mexicana indicó que la solicitud internacional recibida no incluía, a su juicio, evidencias suficientes para adoptar inmediatamente las medidas solicitadas. También anunció el examen del material y los procedimientos aplicables. La Jornada documentó esa posición. Exigir evidencia no significa proteger automáticamente a una persona investigada; sí obliga a explicar los criterios jurídicos utilizados.
Qué se sabe de las comparecencias
El Financiero informó que ocho de las diez personas señaladas comparecieron ante la FGR el 26 de mayo de 2026. Los implicados negaron vínculos con el crimen organizado. Ni sus negativas prueban inocencia por sí mismas ni la acusación extranjera prueba culpabilidad.
Una precisión sobre investigaciones distintas
La FGR aclaró públicamente que la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuén no debía confundirse con la acusación estadounidense contra los funcionarios de Sinaloa. Mezclar expedientes distintos puede producir conclusiones falsas y perjudicar investigaciones reales.
La exigencia que corresponde hacer a Godoy
- Publicar, dentro de los límites legales, qué diligencias se realizan y cuáles son los plazos.
- Explicar con claridad las razones procesales de cada determinación.
- Evitar filtraciones selectivas contra cualquier persona, sea oficialista u opositora.
- Garantizar que las eventuales decisiones se apoyen en pruebas comprobables y puedan revisarse por las instancias competentes.
Opinión: ni fiscalía partidista ni juicio mediático
El desafío no es pedir una condena inmediata ni celebrar una investigación por razones electorales. El desafío consiste en que la autoridad demuestre la misma autonomía, transparencia y profesionalismo frente a cualquier acusado. Morena debe someterse al escrutinio público exactamente igual que sus adversarios. La ley debe estar del lado de las pruebas y de las víctimas, no del partido que ocupe el poder.
Lee también en Monterrey News
Actualización y revisión editorial: 17 de octubre de 2026. La presunción de inocencia se respeta; las valoraciones editoriales se distinguen de las fuentes documentales.
