El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato fue presentado como un enorme golpe contra posibles redes de combustible ilegal. Ahora, Omar García Harfuch reconoce anomalías, el delegado de la FGR fue separado y la legalidad del combustible continúa bajo investigación. Si la versión inicial resulta incorrecta, surge otra pregunta: ¿quién responderá dentro de la Fiscalía?

Por Karl Vön | Monterrey News
25 de septiembre de 2026

Lo que comenzó como uno de los operativos más espectaculares contra el presunto tráfico ilegal de combustibles en México se está convirtiendo también en una investigación sobre cómo actuaron las propias autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció este viernes que fueron detectadas “anomalías” relacionadas con el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos en San José Iturbide, Guanajuato.

La situación ya produjo una consecuencia: Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, fue separado del cargo, mientras que el expediente pasó a instancias especializadas de la FGR.

DE “MEGADECOMISO” A UN CASO BAJO REVISIÓN

El 17 de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó que la FGR investigaba el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo.

Según aquella comunicación oficial, las acciones se originaron a partir de investigaciones sobre posibles redes dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. Las autoridades señalaron entonces que en el lugar no se había acreditado en ese momento la legal procedencia del producto.

Pero existe una diferencia jurídica y periodística fundamental:

Que una empresa todavía no haya acreditado ante la autoridad la procedencia de un combustible no significa automáticamente que se haya demostrado que ese combustible es ilegal.

Y precisamente ahí comenzó a complicarse el caso.

LA EMPRESA RESPONDIÓ

Grupo SIMSA rechazó las acusaciones y sostuvo que las instalaciones operaban legalmente, prestando servicios de almacenamiento a terceros autorizados.

Mientras tanto, la FGR señaló posteriormente que no todas las empresas involucradas habían presentado documentación suficiente para acreditar plenamente la licitud del origen, manejo y destino de los hidrocarburos.

La investigación, por lo tanto, continuó abierta.

Incluso surgieron versiones provenientes de fuentes de la propia Fiscalía según las cuales el combustible asegurado podría no constituir huachicol fiscal, aunque eso tampoco representa todavía una resolución definitiva sobre el caso.

HARFUCH RECONOCE ANOMALÍAS

Este 25 de septiembre, el caso dio otro giro.

García Harfuch reconoció públicamente que la FGR encontró anomalías relacionadas con el procedimiento.

El operativo habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes de hacerse público y la documentación no habría sido completamente verificada cuando el asunto trascendió públicamente.

La investigación fue atraída por áreas especializadas de la FGR, entre ellas la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y el área encargada de delitos relacionados con hidrocarburos.

Pero apareció además otra irregularidad que deberá ser esclarecida.

La Jornada reportó que la orden de cateo hacía referencia a una empresa denominada Gas del Noreste, mientras que las instalaciones intervenidas corresponderían a Gas Natural del Noroeste.

La diferencia parece pequeña sobre el papel.

Jurídicamente podría no serlo.

La autoridad tendrá que establecer exactamente qué ocurrió y qué efectos, si alguno, tuvo esa discrepancia sobre el procedimiento.

¿Y SI LOS 59 MILLONES DE LITROS ERAN LEGALES?

Esta es probablemente la pregunta más importante.

Si finalmente la FGR determina que el combustible tenía procedencia legal, eso no demostraría automáticamente que la Fiscalía “mintió”.

Para hablar de una mentira deliberada tendría que demostrarse que determinados funcionarios conocían que la información era falsa y aun así decidieron presentarla como verdadera.

Pero sí abriría preguntas serias sobre el procedimiento mediante el cual se produjo y difundió la información.

¿Quién verificó los documentos?

¿Quién autorizó comunicar el operativo?

¿Qué información tenían los responsables cuando se presentó públicamente el aseguramiento?

¿Por qué fue separado el delegado de la FGR?

Y particularmente:

¿Las anomalías fueron simples errores administrativos, negligencia o conductas que podrían generar responsabilidades mayores?

LAS POSIBLES CONSECUENCIAS

La legislación mexicana contempla mecanismos para investigar a los propios servidores públicos de la Fiscalía.

La Ley de la Fiscalía General de la República establece facultades para que su Órgano Interno de Control investigue actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Cuando de una investigación se desprenden hechos que pudieran constituir delitos, existen además mecanismos para dar intervención a las autoridades competentes.

Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece diferentes supuestos de responsabilidad para servidores públicos, incluyendo determinadas conductas relacionadas con el ejercicio indebido o abusivo de atribuciones.

Esto significa que las consecuencias dependerían completamente de qué ocurrió realmente y quién fue responsable.

Una equivocación no es lo mismo que negligencia.

La negligencia no es necesariamente corrupción.

Y ninguna de ellas equivale automáticamente a haber cometido un delito.

Pero si una investigación demuestra que existió una conducta irregular, deberán determinarse responsabilidades individualmente.

NO BASTA CON SEPARAR A UN FUNCIONARIO

La separación del delegado de la FGR en Guanajuato plantea más preguntas de las que responde.

¿Por qué fue separado?

¿Qué participación tuvo específicamente?

¿Quiénes más conocían la información?

¿Quién decidió que el caso podía comunicarse públicamente en los términos utilizados?

¿Las autoridades federales recibieron información incompleta o equivocada?

Son preguntas que merecen una respuesta institucional.

Porque también existe otra parte que suele olvidarse cuando el gobierno anuncia grandes operativos: las empresas y personas investigadas conservan derechos y presunción de inocencia mientras no exista una determinación judicial en contrario.

Un señalamiento público de semejante magnitud puede provocar daños reputacionales y económicos importantes.

Por eso la precisión de la autoridad no es opcional.

LA FGR AHORA DEBE INVESTIGAR TAMBIÉN QUÉ OCURRIÓ DENTRO DE LA FGR

México tiene un problema real y documentado de robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles.

Combatirlo es indispensable.

Pero precisamente por la gravedad del problema, cada operativo debe estar acompañado de investigaciones sólidas, documentación verificable y procedimientos jurídicamente sustentables.

Si los 59 millones de litros resultan ilegales, la autoridad tendrá que demostrarlo y proceder contra los responsables.

Si resultan legales, tendrá que explicar cómo un aseguramiento de semejante magnitud terminó presentado ante el país antes de que estuvieran completamente despejadas las dudas sobre la documentación.

Y si durante esa revisión aparecen responsabilidades administrativas o posibles delitos cometidos por funcionarios, también deberán investigarse.

La pregunta de fondo ya no es únicamente:

¿De quién eran los 59 millones de litros?

Ahora también es:

¿Qué ocurrió dentro de la FGR?

La credibilidad de una institución no depende de no cometer errores.

Depende también de investigarlos, transparentarlos y asumir las responsabilidades cuando corresponda.

Monterrey News