¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA LEY EN MÉXICO?
Las declaraciones de Ernestina Godoy sobre el caso Rocha-Inzunza reabren una pregunta incómoda: ¿la Fiscalía investiga con independencia o administra políticamente la justicia?
Por Karl Vön
Monterrey News
México vive tiempos extraños. Tiempos donde la ley parece tener calendario político, sensibilidad partidista y una curiosa capacidad para acelerar o frenar dependiendo del apellido, el cargo y el color del señalado.
Las recientes declaraciones de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, vuelven inevitable una pregunta que muchos mexicanos ya se hacen en voz baja y otros empiezan a gritar en voz alta:
¿De qué lado está la ley en México?
No se trata de condenar sin juicio. No se trata de inventar culpables. No se trata de linchar públicamente a nadie. En un país serio debe respetarse siempre la presunción de inocencia.
Pero tampoco se trata de tapar el sol con un dedo.
Rocha e Inzunza han sido mencionados públicamente en reportes relacionados con acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Financiero reportó que ambos acudieron ante la FGR y declararon como testigos, mientras la Fiscalía revisaba si existían pruebas “claras, contundentes e irrefutables” contra ellos.
Y ahí empieza el problema.
Porque una cosa es exigir pruebas sólidas —lo cual es correcto— y otra muy distinta es que la Fiscalía parezca caminar con pies de plomo cuando los señalados pertenecen al grupo político en el poder.
Aristegui Noticias reportó que Ernestina Godoy sostuvo que no hay pruebas contra Rocha Moya y que no se le investiga por otros delitos ni por sus finanzas personales.
La pregunta es legítima:
¿Esa prudencia institucional se aplicaría igual si los señalados fueran opositores?
Porque en México ya conocemos la película. Cuando el señalado es adversario político, se arma el escándalo, se filtra información, se destruye reputación, se presume culpabilidad y se convierte el proceso en espectáculo.
Pero cuando los señalados son del círculo del poder, entonces aparecen las palabras cómodas:
“no hay elementos”,
“faltan pruebas”,
“hay que esperar”,
“la investigación continúa”,
“no podemos adelantar conclusiones”.
El problema no es el debido proceso.
El problema es la justicia selectiva.
El País publicó un análisis titulado “Setenta días de blindaje institucional para Rocha e Inzunza”, donde señala que el caso ha permanecido en una especie de limbo político e institucional, sin que los personajes señalados hayan sido exonerados formalmente ni procesados, mientras distintas instituciones han manejado el tema con reserva y cautela.
Y eso es precisamente lo que indigna.
México no necesita una Fiscalía que se comporte como oficina de control de daños del poder. México necesita una Fiscalía que investigue, que transparente, que explique y que actúe con la misma vara para todos.
La ley no debe servir para proteger amigos ni para perseguir enemigos.
La ley debe estar del lado de los ciudadanos.
Si Rocha e Inzunza son inocentes, que se investigue y se aclare con absoluta transparencia. Si existen elementos, que se proceda sin privilegios. Pero lo que no puede permitirse es que el país observe una Fiscalía fuerte contra unos y extraordinariamente cuidadosa con otros.
Porque cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y se convierte en herramienta política.
Y cuando la Fiscalía parece más preocupada por cuidar al partido en el poder que por despejar las dudas frente a los ciudadanos, entonces la confianza pública se rompe.
Hoy México merece respuestas claras.
No discursos.
No evasivas.
No blindajes.
No protección política disfrazada de prudencia jurídica.
La pregunta queda sobre la mesa:
¿De qué lado está la ley en México: del lado de los ciudadanos o del lado de Morena?
