Polémica por “boicot” a Totalplay: qué dijo Citlalli Hernández, qué respondió Salinas Pliego y qué implica que una funcionaria lo sugiera

Por Karl Vön

Cuando el poder sugiere “boicot”, el mercado escucha “presión”.

En México basta una frase en un foro, un clip en redes y una palabra cargada —boicot— para encender un incendio político. Esta semana, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quedó en el centro de la discusión luego de que circulara un video de un conversatorio en el Congreso de la Ciudad de México donde, según distintos medios, puso como ejemplo un boicot contra empresas de Ricardo Salinas Pliego, mencionando Totalplay y contratos de gobiernos con esa compañía. 

La polémica creció por dos razones:

porque se trata de una funcionaria federal hablando desde un espacio público, y porque del otro lado está un empresario que respondió alegando afectación al “trabajo de miles de familias”. 

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Qué se dijo en el conversatorio y por qué se interpretó como “llamado a boicot”

El Universal reportó que el comentario ocurrió durante el conversatorio “Hay futuro y es de izquierda” en el Congreso de la CDMX. En ese contexto, Hernández hablaba sobre activismo juvenil y, “a manera de ejemplo”, planteó que si se iniciara un boicot contra un empresario, los propios gobiernos de Morena no tendrían que tener contratos con Totalplay, entre otras expresiones que detonaron críticas. 

Reforma/Mural también reportó que Hernández sugirió no consumir productos/servicios (incluida Totalplay) “hasta que pague impuestos”, aunque posteriormente negó que se tratara de un llamado “oficial” desde su cargo. 

En paralelo, el video fue difundido y comentado por figuras en redes, alimentando la lectura de que se trataba de un “boicot ideológico” impulsado desde el aparato público. 

La respuesta de Citlalli: “no hablé desde mi posición institucional”

Tras el estallido, Citlalli Hernández respondió directamente en X a la creadora que difundió el clip (Laura Brugés). En su publicación, afirmó que era importante “no desinformar” y que “no hizo ningún llamado” desde su posición institucional; insistió en que se trató de una conversación sobre activismo y militancia. 

Esa aclaración es clave por dos motivos:

marca distancia entre opinión personal y postura institucional, y intenta contener el costo político de una frase que, en tiempos polarizados, se vuelve gasolina.

La respuesta de Salinas Pliego: empleos, presión política y “disculpa”

Del lado empresarial, distintos medios reportaron que Ricardo Salinas Pliego respondió exigiendo disculpa/retractación y enmarcando el tema como un ataque al sustento de “185 mil familias”, además de cuestionar que una funcionaria promueva boicots desde espacios públicos. 

Aquí es donde conviene separar lo emocional de lo verificable: la cifra de “familias/empleos” suele usarse como argumento político y puede referirse a Grupo Salinas en conjunto, no necesariamente a una sola empresa o marca. En otras palabras: es un dato que requiere precisión antes de afirmarlo como hecho duro.

El punto que pocos discuten: ¿puede una funcionaria “sugerir” boicots sin cruzar líneas?

Este caso deja tres preguntas incómodas (y permanentes) para la vida pública mexicana:

1) Libertad de expresión vs. peso del cargo

Cualquier ciudadana puede opinar y llamar al consumo responsable. El problema aparece cuando quien habla es una secretaria de Estado: su voz no pesa igual, porque su cargo se interpreta como señal política o incluso como antesala de decisiones administrativas.

2) Boicot social vs. boicot gubernamental

No es lo mismo “yo no consumo” a “los gobiernos no deberían contratar”. Lo segundo roza un terreno delicado: compras públicas, competencia, contratos, y el deber del Estado de justificar decisiones con criterios técnicos y legales, no con pleitos políticos.

3) El precedente

Si hoy se normaliza “castigar” a una empresa por la animadversión del poder, mañana puede tocarle a cualquiera. Y si se normaliza que empresarios se defiendan únicamente con “empleos”, tampoco se resuelve el debate de fondo (impuestos, competencia, calidad de servicio, etc.). El país no se gobierna con hashtags, pero tampoco se salva con tweets.

Los números que se están usando en redes: 170 mil empleos y “300 mil mensuales”

En redes sociales circulan cifras como “170 mil empleos” y que la funcionaria “gana 300 mil al mes”. El problema: esas afirmaciones suelen viajar sin fuente.

Sobre sueldo: notas previas que citan el Presupuesto de Egresos han reportado remuneraciones brutas alrededor de 182,726 pesos mensuales para el cargo (y neto menor). Eso no prueba el sueldo exacto actual ni compensaciones, pero sí cuestiona la cifra “300 mil” como afirmación automática sin respaldo.  Sobre “empleos”: fuentes públicas como perfiles corporativos y sitios laborales no sostienen por sí solas cifras tan altas para una sola empresa; por ejemplo, LinkedIn ubica el tamaño de Totalplay como “Más de 10,001 empleados” (categoría amplia), mientras que comparadores laborales muestran rangos distintos. Esto refuerza que el dato “170 mil” necesita contexto (¿Totalplay o Grupo Salinas?) antes de publicarse como hecho. 

Conclusión práctica: cuando una cifra se usa como martillo político, la regla sana es simple: si no trae fuente, no es dato; es propaganda.

Qué viene: el choque seguirá, pero el debate real apenas empieza

Hoy la discusión está secuestrada por bandos: unos gritan “autoritarismo”, otros gritan “resistencia civil”. Pero el tema de fondo es más serio:

¿Cómo se garantiza que el Estado no use su poder para presionar actores privados por razones ideológicas? ¿Cómo se exige a empresarios cumplir obligaciones (fiscales o regulatorias) sin caer en linchamientos? ¿Cómo se protege el empleo sin blindar privilegios o impunidad?

En democracia, el consumo puede ser protesta. Pero cuando la protesta se asoma desde un atril público, el país exige claridad: ¿habla una ciudadana o habla el Estado? Porque si el Estado habla, el mercado se mueve… y la línea entre activismo y abuso se vuelve peligrosamente delgada.

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