Descarrilamiento del Tren Interoceánico: 13 muertes y un proyecto bajo escrutinio
Por Karl Vön
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves asociados a los megaproyectos ferroviarios impulsados en los últimos años en México. El hecho no solo abrió una investigación oficial, sino que reavivó cuestionamientos sobre responsabilidades políticas, administrativas y de supervisión en una de las obras emblemáticas del sexenio pasado.
Un accidente con consecuencias fatales
El percance ocurrió en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuando varios vagones se salieron de las vías en territorio de Oaxaca. Autoridades federales confirmaron el número de víctimas mortales y el traslado de heridos a hospitales de la región.
Desde el primer momento, se informó que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para determinar las causas técnicas del descarrilamiento, así como posibles omisiones en mantenimiento, operación o supervisión del proyecto.
El Corredor Interoceánico y su dirección militar
El Tren Interoceánico forma parte del corredor logístico estratégico impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concebido como alternativa comercial al Canal de Panamá y administrado por la Secretaría de Marina.
Durante su fase de desarrollo y consolidación, el proyecto fue dirigido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien posteriormente fue nombrado Secretario de Marina en la administración de Claudia Sheinbaum.
La continuidad del mando y del modelo de gestión ha generado cuestionamientos públicos sobre la rendición de cuentas ante fallas estructurales o accidentes de alto impacto como el ocurrido.
Señalamientos sobre supervisión y vínculos familiares
A la tragedia humana se suma un contexto político delicado. Diversos reportajes periodísticos publicados en años recientes han señalado que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del entonces presidente, habría participado como “supervisor honorífico” en proyectos estratégicos del gobierno federal, entre ellos el Tren Interoceánico.
Estos señalamientos no corresponden a un nombramiento oficial documentado, pero han sido retomados por medios y analistas como ejemplo de posibles conflictos de interés y de la falta de claridad en los esquemas de supervisión de obras públicas multimillonarias.
Investigación abierta y responsabilidades pendientes
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen final sobre las causas exactas del accidente. Sin embargo, especialistas en infraestructura ferroviaria han subrayado que un descarrilamiento de esta magnitud no es un hecho aislado, sino que suele responder a una cadena de decisiones técnicas, administrativas y presupuestales.
El saldo de 13 personas fallecidas ha intensificado la exigencia de respuestas claras:
¿Hubo fallas de mantenimiento?
¿Se priorizó la rapidez política sobre la seguridad operativa?
¿Quién supervisó realmente la ejecución y operación del proyecto?
Más allá del discurso oficial
Mientras el discurso gubernamental ha insistido en presentar los megaproyectos como símbolos de soberanía y desarrollo, los hechos obligan a un análisis más profundo. La tragedia del Tren Interoceánico evidencia que la opacidad, la militarización de obras civiles y la falta de contrapesos tienen consecuencias reales y humanas.
La investigación sigue abierta. Las víctimas ya no están.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es solo un accidente ferroviario: es un recordatorio de que la infraestructura pública exige transparencia, profesionalismo y responsabilidad, sin excepciones políticas ni familiares. Las 13 muertes pesan hoy sobre un proyecto que fue presentado como emblema nacional y que ahora enfrenta su momento más crítico.
