María Amparo Casar vs Segalmex: ¿qué caso debería ser prioridad por monto y daño al erario?
Por Karl Vön | Monterrey News
Cuando el discurso anticorrupción se vuelve selectivo, las cifras ayudan a poner orden.
En los últimos días, el caso de María Amparo Casar ha sido presentado como uno de los grandes escándalos de corrupción en México. Sin embargo, una revisión comparativa con el caso Segalmex revela una diferencia abismal en montos, alcance y daño real al erario público.
La pregunta es inevitable: si la justicia se guiara por impacto económico y afectación social, ¿cuál debería ser la prioridad?
📌 El caso María Amparo Casar
De acuerdo con información pública difundida por autoridades y medios nacionales, María Amparo Casar es señalada por un presunto cobro indebido de una pensión ligada a Pemex, durante varios años.
El monto total que se discute públicamente ronda los 31 millones de pesos.
En términos jurídicos, se trata de un caso individual, con un presunto daño específico y perfectamente cuantificable.
Si se comprobara responsabilidad, el impacto sería limitado a una persona y a un solo flujo de recursos.
Es un caso relevante, sí.
Pero también acotado.
📌 El caso Segalmex
El escenario cambia por completo cuando se observa Segalmex.
Según auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y explicaciones oficiales del propio gobierno federal, en Segalmex se detectaron irregularidades multimillonarias en contratos, pagos, compras y manejo de recursos públicos.
Las cifras varían según el ejercicio fiscal y el criterio utilizado, pero incluso bajo la versión más conservadora presentada por autoridades federales, se habla de miles de millones de pesos observados, con al menos 2,700 millones de pesos señalados como no aclarados.
Otros recuentos basados en auditorías acumuladas colocan las irregularidades muy por encima de los 10 mil millones de pesos.
Aquí no hablamos de una persona.
Hablamos de una red, de decisiones administrativas, de proveedores, de contratos y de fallas estructurales en una institución pública encargada de programas sociales sensibles.
❓ La pregunta incómoda
¿Qué causa más daño al país?
Un presunto cobro indebido de 31 millones de pesos, o Un sistema con irregularidades que alcanzan miles de millones, pagados con dinero de todos los mexicanos.
La diferencia no es ideológica.
Es aritmética.
⚖️ Si la prioridad fuera el daño al erario…
Si el criterio fuera estrictamente monto involucrado y daño social, cualquier fiscalía enfocada en combatir la corrupción de alto impacto debería priorizar Segalmex.
No significa ignorar otros casos.
Significa ordenar las prioridades.
Porque cuando el discurso se concentra en casos menores mientras los grandes expedientes avanzan lento, la percepción pública es inevitable: la justicia parece selectiva.
🧠 Conclusión
La lucha contra la corrupción no se mide por nombres, simpatías o filias políticas.
Se mide por resultados, recuperación de recursos y castigo proporcional al daño causado.
Y hoy, los números hablan solos.
