Sheinbaum frena el impuesto a “videojuegos violentos”: Gobierno dice que no lo cobrará en 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya no cobrará el impuesto previsto para 2026 a los videojuegos con “contenido violento”. El argumento central: no existe un criterio práctico y verificable para determinar qué títulos entrarían al gravamen, sobre todo en plataformas y juegos en línea.
El anuncio llega después de semanas de debate público, críticas de la industria y dudas técnicas sobre cómo aplicar la medida sin caer en arbitrariedad.
Qué dijo Sheinbaum y por qué “lo baja” del radar
De acuerdo con lo reportado por medios nacionales, Sheinbaum explicó que es muy difícil distinguir entre un videojuego violento y uno que no, y planteó la pregunta clave: “¿quién va a determinar esa circunstancia?”
En ese mismo marco, se señaló que la decisión es no aplicarlo/cobrarlo, pese a que el tema había quedado contemplado dentro del paquete fiscal discutido para 2026.
Qué impuesto era y cómo estaba planteado
El impuesto propuesto era un IEPS del 8% para videojuegos clasificados como “violentos, extremos o para adulto”, tanto en formato físico como en servicios digitales (descarga/acceso).
El texto publicado en el Diario Oficial de la Federación incluyó explícitamente la tasa 8% para la enajenación al público de videojuegos físicos con ese contenido y también para el acceso/descarga como servicio digital.
Además, el propio documento incorpora una definición amplia de “videojuego con contenido violento, extremo o para adulto”, mencionando elementos como violencia intensa, sangre, contenido sexual, lenguaje fuerte o apuestas con moneda real.
¿Por qué se volvió polémico?
1) El problema técnico: ¿quién decide qué es “violento”?
La cancelación anunciada por Sheinbaum gira, precisamente, alrededor de la imposibilidad operativa: definir un catálogo de juegos gravables sin abrir la puerta a criterios discrecionales.
El problema se amplifica en el mundo digital: actualizaciones constantes, contenido descargable, pases de batalla, y juegos que cambian su contenido con el tiempo. Incluso el texto del DOF contempla escenarios como contenido adicional dentro del juego y reglas para membresías/suscripciones, lo que muestra el nivel de complejidad para cobrarlo con precisión.
2) El debate de fondo: ¿hay sustento científico sólido?
Académicos y especialistas han cuestionado la idea de meter videojuegos en la misma conversación fiscal que productos “nocivos” (como tabaco o alcohol), señalando que la medida puede ser más recaudatoria o estigmatizante que preventiva.
Dicho de otro modo: el debate no es si hay videojuegos violentos (los hay), sino si un impuesto realmente atiende violencia social, o si se convierte en un símbolo político difícil de ejecutar.
3) Reacciones de la industria: impacto y señales equivocadas
Desde que se planteó el IEPS, voces del ecosistema gaming advirtieron que podría encarecer precios, afectar consumo, e impactar a estudios nacionales y al crecimiento del sector, además de mandar un mensaje de “culpar” al videojuego por problemas mucho más complejos.
¿Era un impuesto grande o más bien “simbólico”?
En cifras, el propio planteamiento reportado estimaba una recaudación relativamente baja: alrededor de 183 millones de pesos para 2026, según la información atribuida a Hacienda en reportes especializados.
Eso alimentó una lectura política: más que “tapar un boquete” fiscal, el impuesto funcionaba como señal (y como debate cultural), pero con una ejecución complicada y un retorno recaudatorio limitado.
Qué sigue: el riesgo de una cosa es “decir” y otra “operar”
Aquí está el punto fino: Sheinbaum dice que no se cobrará, pero el tema relevante para contribuyentes, plataformas y consumidores será ver cómo se aterriza legalmente (reglas, miscelánea, criterios de autoridad y, si aplica, reformas posteriores).
Porque si una tasa está en un texto y el gobierno decide “no cobrarla”, se abre el debate de certeza jurídica:
¿cómo se le comunica esto a plataformas, importadores y comercios? ¿bajo qué lineamientos? ¿quién asume el criterio final?
Por ahora, lo único firme es el anuncio político: no aplicarlo, por su dificultad de ejecución.
Conclusión
La Presidenta optó por un giro pragmático: ante un impuesto difícil de definir y potencialmente arbitrario, el gobierno dice que no lo cobrará.
La discusión, sin embargo, no desaparece: vuelve a la pregunta de siempre en México cuando se mezcla fiscalidad con cultura y seguridad: ¿estamos regulando con evidencia o legislando con intuición?
