El SAT como arma política: cuando la recaudación se convierte en intimidación
Por Karl Vön • Monterrey News
La política fiscal del gobierno federal ha comenzado a ser percibida por amplios sectores empresariales como algo más que un mecanismo de recaudación. Para muchos, se ha transformado en un instrumento de presión política, donde la fiscalización deja de ser técnica y se convierte en una herramienta de castigo selectivo.
Diversos empresarios y analistas han advertido que, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se estarían aplicando criterios retroactivos, reinterpretaciones legales y cobros que, en los hechos, implican exigir nuevamente impuestos que ya fueron pagados conforme a la legislación vigente en su momento. Desde esta óptica, el problema no es el pago de impuestos, sino la incertidumbre jurídica.
Casos que han encendido las alertas
Uno de los ejemplos más visibles es el de Grupo Salinas, al que la autoridad fiscal pretende cobrar alrededor de 25 mil millones de pesos derivados del régimen de consolidación fiscal, un esquema que fue legal, aprobado por el propio Estado y utilizado durante años por cientos de empresas.
Otro caso es el de Samsung, donde el SAT reclama 6,714 millones de pesos bajo un nuevo criterio sobre el IVA que, según especialistas, no había sido aplicado durante décadas y que podría representar un doble cobro.
A esto se suman las revisiones masivas a empresas maquiladoras bajo el programa IMMEX, en las que la autoridad busca desconocer reglas históricas del esquema de exportación. De prosperar estos criterios, el impacto podría alcanzar hasta 46 mil millones de pesos, poniendo en riesgo uno de los principales motores de empleo, exportaciones e inversión extranjera del país.
Incertidumbre jurídica y clima de inversión
Economistas coinciden en que la certeza jurídica es uno de los pilares fundamentales de cualquier economía moderna. Cuando las reglas cambian después de haber sido cumplidas, el mensaje para el capital nacional y extranjero es claro: invertir en México implica un riesgo político adicional.
Las consecuencias comienzan a reflejarse en los datos. De acuerdo con cifras oficiales, la inversión extranjera directa nueva cayó 39% en 2024, mientras diversas empresas globales evalúan relocalizar operaciones hacia países donde las reglas fiscales sean más claras y estables.
¿Recaudación o control?
Desde esta perspectiva crítica, el uso del aparato fiscal deja de ser visto como una política pública orientada a fortalecer las finanzas del Estado y comienza a interpretarse como un mecanismo de control: presión administrativa, auditorías prolongadas, litigios interminables y exposición mediática desde el poder.
El debate no gira en torno a si se deben pagar impuestos —eso es incuestionable—, sino a si el Estado puede cambiar las reglas después del juego y utilizar su poder tributario para castigar la disidencia o premiar la obediencia.
Un debate que no debe silenciarse
Normalizar la fiscalización arbitraria implica aceptar un precedente peligroso. El SAT debe ser una institución técnica, no un instrumento político. Defender el Estado de derecho, la propiedad privada y la certeza jurídica no es defender privilegios, es defender a México.
Callar frente a estos señalamientos no elimina el problema; solo lo posterga. Y cuando la ley deja de ser un escudo para convertirse en un garrote, toda la sociedad termina pagando el costo.
