Layda Sansores: su frase sobre no tomar un peso, contratos y denuncia bajo escrutinio
Monterrey News | Investigación y verificación | 27 de octubre de 2026. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó públicamente que no llegó al gobierno para tomar dinero público. La frase difundida en torno a un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche merece contrastarse con documentos, no con acusaciones sin comprobar.
Lo comprobado: existen investigaciones periodísticas sobre contrataciones y vínculos empresariales, así como el reporte de una denuncia formal por presunto tráfico de influencias. Lo no acreditado: que Sansores se haya apropiado personalmente de recursos públicos o que los hechos denunciados constituyan delitos probados.
La frase y lo que puede verificarse
La declaración «Yo no vine a tomar un pinche peso de este gobierno» ha circulado en la cobertura del episodio con estudiantes. Este medio no ha autenticado de forma independiente el video íntegro ni establecido la fecha exacta en que se pronunciaron esas palabras. La fecha de difusión no debe confundirse con la del evento.
¿Qué tiene que ver Layda Sansores con el contrato de 3.36 millones?
La relación comienza por un hecho administrativo: Layda Sansores encabezó la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, entre 2018 y 2021. Durante esa gestión, en 2020, se celebró el contrato CAPS/2020-10/009, por aproximadamente 3.36 millones de pesos, para servicios de difusión gubernamental en internet y redes sociales, con Walther David Patrón Bacab. El documento contractual publicado por la alcaldía permite identificar el expediente; para establecer firmas, entregables y pagos concretos debe examinarse el expediente íntegro.
La conexión política y empresarial que describen investigaciones periodísticas tiene otros dos elementos: Patrón Bacab aparece relacionado empresarialmente con Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, y posteriormente fue incorporado a la estructura de Comunicación Social del gobierno de Campeche. Esos vínculos justifican preguntas sobre los procedimientos de contratación y la prevención de conflictos de interés; no demuestran por sí solos que Sansores autorizara personalmente una irregularidad o recibiera dinero.
Los señalamientos de la administración posterior
En 2023, la administración de Álvaro Obregón encabezada por Lía Limón denunció presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones de la gestión anterior. En la cobertura de esos señalamientos se cuestionó la evidencia de los servicios de difusión y se mencionó la posibilidad de una simulación contractual. Se trata de acusaciones atribuidas a la administración denunciante, no de hechos delictivos acreditados mediante sentencia. Este medio no ha comprobado una resolución definitiva sobre esas denuncias.
Una separación esencial: el contrato de 2020 pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón, no al gobierno de Campeche; la denuncia presentada en Campeche en junio de 2026 es otro asunto, con hechos y autoridades diferentes. No deben fusionarse ambos expedientes ni darse por probada una conexión delictiva entre ellos.
Siete denuncias por casi 120 millones de pesos: ¿qué ocurrió en la Fiscalía capitalina?
En febrero de 2023, la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dio a conocer siete denuncias por presuntas irregularidades que, en conjunto, calculó en cerca de 120 millones de pesos, relacionadas con actuaciones de la administración anterior. Esta cantidad corresponde al monto global señalado por la denunciante: no debe confundirse con los 3.36 millones del contrato de difusión ni presentarse como dinero robado o daño patrimonial demostrado.
Una investigación periodística publicada por Animal Político el 30 de agosto de 2023 informó que la Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México proponía no ejercer acción penal en cuatro investigaciones y archivar temporalmente otras tres. Es importante distinguir una propuesta interna de una determinación ministerial definitiva. Según aquella cobertura, las propuestas estaban sujetas a autorización superior.
¿Se cerraron finalmente los expedientes? Con la información pública examinada para esta actualización, Monterrey News no puede confirmar que las siete propuestas hayan quedado firmes, que se hayan impugnado ni que exista una sentencia relacionada. Por tanto, sería incorrecto afirmar que Sansores fue exonerada definitivamente o que la Fiscalía acreditó los delitos denunciados.
El archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal son decisiones jurídicas distintas. La primera puede permitir reanudar actuaciones cuando surgen nuevos datos; la segunda está sujeta a las reglas y medios de impugnación aplicables. El desenlace concreto de cada carpeta debe comprobarse mediante sus resoluciones.
Este antecedente de 2023 corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México. No es la misma investigación que la denuncia por presunto tráfico de influencias presentada en Campeche en junio de 2026.
Proveedores de Campeche: los números y sus límites
Según la investigación de Grupo Animal, el padrón estatal contabilizaba 8,674 empresas registradas y 1,949 activas al 22 de septiembre de 2026; 48 tenían RFC en Ciudad de México. La investigación señala que WorgCorp figuraba en ese padrón con el registro 5815.
El mismo trabajo distingue entre empresas inscritas y empresas efectivamente contratadas: varias de las principales proveedoras de la antigua administración de Álvaro Obregón no recibieron contratos en Campeche. Estar en un padrón no equivale a una adjudicación. Para investigar posibles conflictos de interés es necesario revisar expedientes de compra, pagos, servicios entregados y la participación de funcionarios.
La denuncia del 21 de junio de 2026
La Jornada Maya informó que el abogado Félix Enrique Sellen Villanueva presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche contra Sansores y Gerardo Sánchez Sansores por presunto tráfico de influencias. El medio identifica al denunciante como abogado vinculado al dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, contexto político relevante que no invalida ni prueba sus afirmaciones.
La nota periodística refiere que la denuncia alude a presuntas gestiones e intervenciones atribuidas al sobrino. La Fiscalía es la autoridad encargada de valorar los hechos conforme a sus competencias. La presentación de una denuncia no significa culpabilidad, imputación judicial ni sentencia. No hemos verificado el expediente original, número de carpeta, diligencias ni resolución definitiva.
El deslinde de Sansores y su derecho de respuesta
En declaraciones públicas reportadas en junio de 2026, la gobernadora se deslindó de las aspiraciones políticas de su sobrino. Ese posicionamiento debe considerarse: no puede presumirse que ambos actúan coordinadamente sin evidencia. Para completar esta investigación es necesario recabar la postura específica de la gobernadora, de Gerardo Sánchez Sansores, de Patrón Bacab y de las empresas mencionadas sobre los señalamientos aquí expuestos.
¿Qué puede hacer la Fiscalía Anticorrupción?
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche cuenta con un marco de autonomía jurídica. La independencia efectiva de una investigación no puede presumirse ni descartarse por afinidades políticas: debe valorarse por actuaciones documentadas y resoluciones. Tampoco corresponde afirmar que existe encubrimiento sin elementos verificables. Si se identificaran recursos federales o delitos de competencia federal, podrían intervenir otras instancias conforme a la ley.
Preguntas pendientes de respuesta documental
- ¿Qué estado guarda la denuncia reportada el 21 de junio y qué información puede divulgar legalmente la Fiscalía?
- ¿Qué empresas del entorno mencionado recibieron contratos efectivamente en Campeche, por qué montos y mediante qué procedimientos?
- ¿Qué controles de conflicto de interés se aplicaron y quién autorizó las contrataciones?
- ¿Qué documentos de auditoría y declaraciones públicas permiten contrastar las afirmaciones de austeridad?
Conclusión: ni absolución por discurso ni condena por sospecha
Los hechos documentados justifican preguntas de interés público sobre contrataciones, vínculos empresariales y fiscalización. La información aquí examinada no acredita que Layda Sansores haya robado dinero público. Tampoco una afirmación de la propia gobernadora basta para demostrar que todas las decisiones de su administración fueron correctas. La respuesta exige expedientes, auditorías, transparencia y garantías de debido proceso.
Fuentes y alcance de esta publicación
- Grupo Animal, 5 de octubre de 2026: proveedores y vínculos entre administraciones.
- La Jornada Maya, 21 de junio de 2026: presentación de denuncia.
Nota metodológica: Este artículo contrasta investigaciones periodísticas disponibles; no es una auditoría forense independiente ni supone acceso a la carpeta ministerial. La declaración viral y las respuestas de los señalados requieren corroboración primaria adicional. Se actualizará si se obtienen documentos o posturas verificables.
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