Berkeley pone bajo la lupa el sexenio de AMLO: analiza posibles crímenes de lesa humanidad contra periodistas
Una investigación del Human Rights Center de UC Berkeley documenta asesinatos, vigilancia, hostigamiento y elevados niveles de impunidad contra periodistas y defensores de derechos humanos entre 2018 y 2024. El estudio analiza si el conjunto de conductas puede encuadrar en el Estatuto de Roma.
BERKELEY PONE BAJO LA LUPA EL SEXENIO DE AMLO
Por Karl Vön | Monterrey News
26 de septiembre de 2026
Una investigación publicada por el Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California, Berkeley, está provocando nuevas preguntas sobre la situación que enfrentaron periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto, denominado “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, analiza hechos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024 y estudia si determinadas formas de persecución, consideradas conjuntamente, podrían alcanzar el umbral jurídico establecido para los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
La investigación aborda asesinatos, desapariciones, vigilancia digital, estigmatización pública, hostigamiento y utilización de mecanismos judiciales contra periodistas y defensores.
Pero antes de continuar es indispensable establecer una diferencia:
UC Berkeley no es la Corte Penal Internacional y la CPI no ha abierto, hasta ahora, una investigación contra López Obrador por estos hechos.
Lo publicado es una investigación académica-jurídica que analiza si existe fundamento para llevar el examen de los acontecimientos a ese terreno.
337 PERIODISTAS Y DEFENSORES ASESINADOS
Una de las cifras centrales documentadas por Berkeley corresponde a las personas asesinadas durante el periodo estudiado.
El HRC contabiliza:
78 periodistas asesinados.
259 defensores de derechos humanos asesinados.
En total:
337 personas.
Berkeley también realizó un análisis detallado de 75 incidentes relacionados con asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia.
La investigación sostiene además que la impunidad relacionada con delitos contra estos colectivos permaneció aproximadamente entre 93% y 99% durante el periodo analizado.
Estas cifras requieren otra precisión importante.
Que 337 personas hayan sido asesinadas durante el gobierno de López Obrador no significa que Berkeley atribuya personalmente al expresidente la responsabilidad de esos 337 homicidios.
La investigación estudia algo diferente: si diversas conductas y omisiones pueden formar parte de un patrón más amplio y qué responsabilidad jurídica podría corresponder a diferentes instituciones o personas.
LAS MAÑANERAS TAMBIÉN FUERON INVESTIGADAS
El estudio de Berkeley entró incluso a uno de los elementos más característicos del gobierno de López Obrador: las conferencias mañaneras.
Los investigadores analizaron mediante herramientas computacionales más de 1,400 conferencias presidenciales.
Berkeley sostiene que desde ese espacio López Obrador señaló y desacreditó repetidamente a periodistas y organizaciones críticas, y estudia si esa estigmatización estuvo relacionada con otras formas de hostigamiento, incluyendo campañas digitales.
Aquí surge una cuestión esencial para cualquier democracia:
¿Dónde termina el derecho de un presidente a defenderse de las críticas y dónde comienza el uso del poder presidencial para estigmatizar a quienes investigan al gobierno?
Criticar a un periodista no constituye por sí mismo un crimen.
Pero Berkeley no estudia únicamente expresiones presidenciales aisladas. Su investigación intenta determinar si existió un patrón más amplio de persecución.
PEGASUS: EL ESPIONAJE TAMBIÉN APARECE EN LA INVESTIGACIÓN
Otro capítulo particularmente delicado corresponde al uso de herramientas de vigilancia.
Berkeley sostiene que análisis forenses documentaron la utilización del software espía Pegasus contra periodistas y críticos durante el sexenio de López Obrador, pese a las afirmaciones públicas del entonces presidente de que su administración no realizaba espionaje político.
La investigación utilizó registros públicos, expedientes judiciales y documentos procedentes de la filtración conocida como Guacamaya, que expuso información interna de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El HRC afirma haber examinado la adquisición y operación de herramientas de vigilancia relacionadas con instituciones militares mexicanas.
Esto tampoco demuestra automáticamente que López Obrador hubiera ordenado personalmente cada operación.
Pero plantea otra pregunta que requiere respuesta:
Si instituciones del Estado utilizaron herramientas de espionaje contra periodistas, ¿quién las autorizó y quién debe responder por ello?
¿BERKELEY PREPARA UN EXPEDIENTE CONTRA AMLO PARA LA HAYA?
En redes sociales está circulando una versión según la cual:
“Berkeley prepara expediente contra AMLO por posibles crímenes de lesa humanidad”.
La realidad requiere mayor precisión.
El proyecto de Berkeley sí fue concebido originalmente pensando en una posible presentación jurídica ante la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, el propio Human Rights Center explica que las sanciones estadounidenses relacionadas con la CPI terminaron cerrando una vía legal que contemplaban para presentar directamente esa evidencia.
Como consecuencia, Berkeley transformó el trabajo en una plataforma pública que puede ser utilizada por periodistas, investigadores, fiscales, organizaciones de derechos humanos y litigantes.
Paralelamente, Lindsay Freeman, directora sénior de International Accountability del Human Rights Center, ha argumentado que la situación mexicana amerita un examen preliminar bajo el Estatuto de Roma.
Eso es relevante.
Pero no significa que la Corte haya aceptado el caso.
¿QUÉ TENDRÍA QUE OCURRIR PARA HABLAR REALMENTE DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD?
El concepto tiene un significado jurídico muy específico.
El artículo 7 del Estatuto de Roma contempla determinados actos cuando son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Entre esos actos se encuentra la persecución por determinados motivos cuando concurren los demás requisitos establecidos en el Estatuto. La CPI debe además analizar cuestiones de jurisdicción y admisibilidad antes de que un caso pueda avanzar.
Por eso no basta con demostrar que durante determinado gobierno hubo asesinatos, amenazas o ataques contra periodistas.
Habría que acreditar jurídicamente los elementos correspondientes y, para establecer responsabilidad penal individual, demostrar además la responsabilidad concreta de las personas investigadas.
Ese umbral es considerablemente más alto.
NO EXISTE HOY UNA INVESTIGACIÓN DE LA CPI CONTRA AMLO
Esta es quizá la aclaración más importante de toda esta información.
La Corte Penal Internacional no ha declarado culpable a Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco existe, con la información pública disponible, una investigación formal de la CPI contra el expresidente derivada de este estudio.
Berkeley realizó una investigación académica y jurídica.
Una eventual actuación de la Fiscalía de la CPI sería un proceso distinto.
Confundir ambas cosas convertiría una investigación seria en un titular engañoso.
Y la información documentada por Berkeley es suficientemente relevante como para no necesitar exageraciones.
LO QUE BERKELEY PONE SOBRE LA MESA
Más allá de lo que eventualmente pueda suceder jurídicamente, el estudio deja preguntas importantes sobre el sexenio 2018-2024.
¿Cómo pudo mantenerse un nivel tan elevado de impunidad en agresiones contra periodistas y defensores?
¿Quién autorizó las operaciones de vigilancia documentadas?
¿Qué responsabilidad tuvieron diferentes instituciones?
¿Existió alguna relación entre la estigmatización pública y posteriores campañas de hostigamiento?
¿Funcionaron adecuadamente los mecanismos gubernamentales creados precisamente para proteger periodistas y defensores?
Y quizás la pregunta más importante:
¿Puede considerarse plenamente libre una prensa cuando investigar al poder puede significar amenazas, vigilancia o incluso perder la vida?
MONTERREY NEWS | EDITORIAL
Desde Monterrey News creemos que esta investigación merece atención independientemente de simpatías políticas.
La libertad de expresión no pertenece a Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano ni a ningún gobierno.
Pertenece a los ciudadanos.
Un presidente tiene derecho a defenderse de una información que considere falsa y un periodista tiene derecho a cuestionar al presidente.
Pero existe una enorme diferencia entre responder a la prensa y utilizar el poder del Estado contra ella.
Precisamente determinar si esa frontera fue cruzada durante el sexenio de López Obrador es una de las cuestiones que plantea la investigación de Berkeley.
No corresponde adelantar una sentencia que ninguna autoridad judicial ha dictado.
Pero tampoco corresponde ignorar 337 periodistas y defensores asesinados, denuncias de espionaje, elevados niveles de impunidad y años de confrontación entre el poder presidencial y parte de la prensa mexicana.
Ahora existe una investigación internacional que ha reunido y organizado parte de esa evidencia.
El siguiente capítulo dependerá de qué hagan con ella las instituciones, organizaciones y autoridades facultadas para investigar.
La crítica al poder es parte de la democracia.
Investigar al poder también.
— Karl Vön
MONTERREY NEWS
