Cuando los jueces dejan de incomodar al poder, la justicia empieza a caminar con muletas.

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Por Karl Vön
Monterrey News

A un año de la primera elección judicial en México, el balance empieza a tomar forma: especialistas en derecho constitucional y exintegrantes del Poder Judicial advierten que la reforma impulsada por la llamada Cuarta Transformación habría debilitado la independencia judicial y abierto la puerta a una Corte más cercana al poder político.

La discusión no es menor.

No se trata simplemente de defender al viejo Poder Judicial como si hubiera sido perfecto. Nadie serio puede negar que la justicia mexicana ha cargado durante décadas con lentitud, privilegios, corrupción, burocracia y distancia frente al ciudadano común.

El problema es otro: una reforma que prometía acercar la justicia al pueblo podría haber terminado acercando los jueces al poder.

Lo esencial

• La elección judicial del 1 de junio de 2025 renovó cientos de cargos del Poder Judicial federal, incluidos ministros de la Suprema Corte.
• Especialistas como José Ramón Cossío y Diego Valadés han advertido que la reforma tuvo efectos graves sobre la independencia judicial.
• Diversas resoluciones recientes de la Suprema Corte han sido leídas por críticos como señales de una mayor alineación con el Ejecutivo y el oficialismo.
• La preocupación principal no es solo quién ganó una elección, sino si México conserva jueces capaces de frenar abusos del poder.

Una elección inédita que cambió el mapa judicial

El 1 de junio de 2025 México vivió una elección inédita: por primera vez, la ciudadanía votó de manera directa por cientos de cargos del Poder Judicial de la Federación.

El proceso incluyó ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas electorales, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de Circuito y jueces de Distrito.

En el papel, el argumento sonaba democrático: que el pueblo eligiera a sus juzgadores.

Pero en la práctica, el proceso fue señalado por su complejidad, baja participación, poca información sobre candidaturas, dificultad para distinguir perfiles técnicos y presencia de listas o “acordeones” que, según distintos reportes periodísticos, orientaron el voto hacia determinadas candidaturas.

Ahí empezó la verdadera pregunta: ¿fue una elección ciudadana libre e informada o un mecanismo político para reconfigurar el Poder Judicial?

Cossío y Valadés: la advertencia desde el constitucionalismo

De acuerdo con una publicación de Reforma/El Norte firmada por Abel Barajas, especialistas como el ministro en retiro José Ramón Cossío y el constitucionalista Diego Valadés consideran que la reforma judicial impulsada por la 4T tuvo desde su origen un objetivo político: controlar o influir de manera decisiva en la función judicial.

Cossío ha señalado que la reforma no partió de un diagnóstico serio sobre los problemas reales de la justicia mexicana, sino de una decisión política previamente tomada.

Valadés, por su parte, ha advertido que sustituir masivamente a juzgadores federales eliminó pilares fundamentales como la carrera judicial y la independencia de quienes imparten justicia.

Dicho en palabras simples: si antes el problema era tener un Poder Judicial lento, caro y lejano, ahora el riesgo es tener uno políticamente condicionado.

Y una justicia condicionada ya no es justicia completa.

La Corte que ya no incomoda igual

Uno de los puntos más delicados del análisis es que, según críticos de la reforma, el Gobierno federal ha dejado de perder litigios de alto perfil ante la Suprema Corte.

En meses recientes, resoluciones sobre temas fiscales, bloqueos de cuentas bancarias, créditos multimillonarios y reformas impulsadas por el oficialismo han sido interpretadas por especialistas y opositores como señales de una Corte más deferente con el Ejecutivo.

Un ejemplo especialmente sensible fue la decisión de la Suprema Corte que avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa, siempre que existan indicios de operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

El argumento institucional es que esa herramienta fortalece el combate al lavado de dinero.

Pero la preocupación ciudadana es otra: ¿qué pasa si una facultad tan poderosa se usa contra adversarios, empresarios incómodos, medios críticos o ciudadanos que cuestionen al gobierno?

La justicia debe combatir delitos, sí. Pero también debe proteger al ciudadano frente al abuso del Estado.

¿Reforma judicial o captura institucional?

La 4T presentó la reforma como una forma de democratizar la justicia. La idea vendida al público fue sencilla: si el pueblo vota por sus jueces, los jueces responderán al pueblo.

Pero en una democracia constitucional, los jueces no deben responder al aplauso, a la encuesta ni al partido más fuerte.

Deben responder a la Constitución.

Ese es el punto que muchos olvidan. Un juez no está para caer bien. No está para seguir la corriente. No está para obedecer al presidente, al Congreso, al partido gobernante ni a la multitud del momento.

Un juez está para aplicar la ley, incluso cuando la ley incomoda al poder.

¿De qué sirve elegir jueces si después esos jueces sienten que le deben el cargo a una estructura política?

El viejo Poder Judicial no era santo, pero el remedio puede salir peor

Sería absurdo decir que el Poder Judicial anterior era intocable. No lo era.

México necesitaba una reforma judicial profunda, sí. Se requería combatir corrupción, reducir tiempos, mejorar atención a víctimas, castigar negligencias, transparentar sentencias, fortalecer defensorías públicas y abrir puertas a ciudadanos que nunca han podido pagar un buen abogado.

Pero una reforma seria debía fortalecer la carrera judicial, no destruirla.

Debía mejorar los controles, no politizar los nombramientos.

Debía acercar la justicia al ciudadano, no acercar los tribunales al partido en el poder.

Porque cuando el remedio debilita al árbitro, el partido ya no se juega igual.

La independencia judicial no es un lujo de abogados

A muchos ciudadanos el tema les puede parecer lejano. “Eso es pleito de jueces”, dirán algunos.

Pero no.

La independencia judicial afecta la vida diaria de cualquier persona.

Importa cuando un ciudadano se ampara contra un abuso de autoridad.

Importa cuando una empresa enfrenta una decisión fiscal arbitraria.

Importa cuando un periodista necesita protección frente a censura o intimidación.

Importa cuando una familia exige justicia por una víctima.

Importa cuando un gobierno quiere pasar por encima de la Constitución usando la fuerza de su mayoría.

Sin jueces independientes, el ciudadano queda solo frente al poder.

Y el poder, cuando no tiene límites, rara vez se porta bien.

La señal política: si el gobierno siempre gana, algo huele raro

En una democracia sana, el gobierno gana algunos casos y pierde otros.

Eso es normal.

Lo preocupante sería que el gobierno empezara a ganar siempre, sobre todo en asuntos de alto impacto político, fiscal o institucional.

No porque cada fallo sea necesariamente incorrecto, sino porque el patrón puede revelar algo más profundo: una Corte menos dispuesta a frenar al poder.

Y cuando el máximo tribunal deja de ser contrapeso, el equilibrio democrático empieza a romperse.

La Corte no fue diseñada para ser enemiga del gobierno. Pero tampoco fue creada para convertirse en su oficina jurídica.

Una nueva reforma confirma que algo no salió bien

Otro dato relevante es que el propio sistema judicial electoral ya tuvo que ser ajustado nuevamente. En 2026 se impulsaron modificaciones para aplazar la siguiente elección judicial y corregir aspectos del modelo.

El oficialismo lo presenta como una mejora técnica.

Los críticos lo ven como una admisión indirecta de que el diseño original nació con problemas.

La pregunta queda flotando: si la reforma judicial era tan sólida, tan democrática y tan bien pensada, ¿por qué hubo que modificarla tan pronto?

Lo que México debería exigir

México no necesita jueces de la derecha ni jueces de la izquierda.

Necesita jueces libres.

No necesita ministros populares. Necesita ministros preparados.

No necesita una Corte que aplauda al poder. Necesita una Corte que lo revise, lo limite y, cuando sea necesario, lo corrija.

El verdadero debate no es si la 4T ganó o perdió una elección judicial.

El verdadero debate es si los mexicanos ganamos o perdimos independencia judicial.

Porque una democracia puede sobrevivir a malos gobiernos, malas leyes y malos políticos.

Pero difícilmente sobrevive mucho tiempo sin jueces independientes.

La justicia no debe tener dueño

La reforma judicial fue presentada como una victoria del pueblo. Sin embargo, a un año de distancia, voces expertas advierten que el resultado podría haber sido muy distinto: una concentración mayor de poder y una Suprema Corte menos incómoda para el oficialismo.

La historia mexicana ya conoce este camino.

Durante décadas, el poder político tuvo jueces a modo, instituciones obedientes y tribunales que miraban hacia otro lado. Construir contrapesos costó años. Destruirlos puede tomar apenas una reforma.

Por eso la pregunta no es solo jurídica.

Es ciudadana.

¿Queremos una justicia imperfecta pero capaz de frenar al poder, o una justicia aparentemente popular pero alineada con quien gobierna?

La respuesta definirá mucho más que el futuro de los jueces.

Definirá el futuro de la libertad en México.

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Fuentes consultadas

• Reforma/El Norte, nota de Abel Barajas sobre el balance de especialistas a un año de la elección judicial.
• Instituto Nacional Electoral, información oficial sobre la elección judicial de 2025.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación, resoluciones recientes.
• Canal del Congreso, información legislativa sobre ajustes a la elección judicial.
• Cobertura periodística nacional sobre resultados, participación, “acordeones” y cuestionamientos al proceso judicial electoral.